También solicitan a los jefes de Industria y Medio Ambiente que «reflexionen» sobre su responsabilidad, sean más exigentes en la autorización de actividades y realicen inspecciones
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| Aseguran que hay resoluciones firmes del Procurador del Común como la que afecta a ‘Piedra de Corvio’. DP |
• Afirman que hay una gran inquietud social y que se ha demostrado
contra proyectos «muy perjudiciales» en Villanueva de la Peña y Aguilar
de Campoo.
Las asociaciones ecologistas CCSA (Coordinadora Central de Salinas), La Braña, ANPA (Asociación de Naturalistas Palentinos) y Ascel (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico) han solicitado a la Junta que realice un control efectivo de las canteras y graveras que se quieren instalar en el norte de la provincia.
Así, piden a los jefes de Industria y Medio Ambiente de la Junta en Palencia que reflexionen sobre su responsabilidad y que sean más exigentes en la autorización de actividades y, sobre todo, que realicen la labor inspectora a la que están obligados por Ley.
También quieren que los ayuntamientos o entidades menores propietarias de los terrenos, «no miren para otro lado porque no todo es conseguir algo de dinero, son responsables de gestionar un patrimonio colectivo que se debe explotar pero también mantener para el futuro», comentan.
Unas solicitudes que basan en la gran contestación social surgida contra varios proyectos extractivos que consideran «muy perjudiciales para el medio ambiente de nuestra provincia», como a su juicio son la mina a cielo abierto de Uminsa en Villanueva de la Peña -Valurcia- y la macro-cantera de Cementos Alfa en Aguilar de Campoo -Alba-, proyectos que «ponen de actualidad un problema mucho más generalizado y cada vez más grave en la provincia de Palencia, que es el desorden y la falta de planificación de las concesiones mineras».
También aseguran que existe abundante legislación reguladora y varias administraciones con responsabilidad de aplicarla, ayuntamientos, Medio Ambiente e Industria, pero aseguran que «minas y canteras en la montaña y graveras en el sur siguen campando a sus anchas, en una proliferación indiscriminada en la que todo vale, casi todo se autoriza y muy poco se vigila».
De igual modo insisten en que no quieren la paralización de la actividad de canteras y minas, sino que ésta se realice de forma planificada y con un control efectivo por parte de las autoridades responsables.
Además añaden que la Declaración de Impacto Ambiental debe ser «algo más que un papel, hay que cumplirla» y afirman que muy pocas explotaciones de la provincia que pasarían hoy una inspección, sin embargo el órgano directamente responsable, que es Industria, «no realiza estas inspecciones ni Medio Ambiente, que tiene la obligación de supervisar».
También opinan que los consistorios se «limitan a dar licencias y a cobrar, desentendiéndose de vigilar su patrimonio y las licencias que emiten».
Finalmente quieren dejar claro que ya existen resoluciones firmes del Procurador del Común, exigiendo la restauración de canteras como Piedra de Corvio, que Industria y Medio Ambiente no han cumplido.
